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Caso cerrado Loma de Santa María: Semaccdet

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Caso cerrado Loma de Santa María: Semaccdet La autoridad municipal de Morelia fue quien otorgó los permisos para fraccionar en una zona donde legalmente no se puede vender.. Caso cerrado Loma de Santa María: Semaccdet
La autoridad municipal de Morelia fue quien otorgó los permisos para fraccionar en una zona donde legalmente no se puede vender..

Morelia, Mich.- El caso de la Loma de Santa María, zona ambiental protegida de Morelia, fue cerrado al determinar un juez federal el derecho a la preservación del medio ambiente en dos predios donde un particular pretendía subdividir y fraccionar.



“(El particular) adquirió predios en las inmediaciones fuera del polígono, pero su pretensión era extenderse hacia dentro del polígono y ese fue el conflicto, fuera de los polígonos hay un status que habría que ver cuáles están autorizadas para su urbanización”, dijo Ricardo Luna, titular de la Secretaría de Medio Ambiente.



La autoridad municipal de Morelia fue quien otorgó los permisos para fraccionar en una zona donde legalmente no se puede vender ni cambiar el uso de suelo, indicó Ricardo Luna, secretario de Medio Ambiente en el estado, “esto ocurrió durante la administración anterior, durante la administración de Alfonso Martínez”.



La Procuraduría de Protección al Medio Ambiente asegura se estiman los daños a esta zona que forma parte de un polígono protegido por decreto desde el 2009, cuya extensión en total es de 393 hectáreas que incluye además de la Loma de Santa María, las Cañadas del Río Chiquito y el Parque Ecológico El Zarco, “las obras están detenidas nosotros como autoridad administrativa no tenemos atribuciones de demolición, en el caso de obras…estamos en un ejercicio de evaluación de extraer un monto económico por concepto de servicios ambientales de derribo de arbolados por esos 100 metros de Cruz de Capilla y Platanal, a qué montos arrojan”, mencionó Juan Carlos Vega, procurador del Medio Ambiente.



Asociaciones civiles a favor de la protección del medio ambiente, quienes interpusieron las denuncias por la construcción de diversas obras en los dos predios comprados por el particular, afirman son los intereses económicos los que mueven estas acciones en contra de la naturaleza, “estas personas no se van a detener, van a seguir establecer situaciones de tipo con argumentos legaloides que no tienen ninguna validez, pero sabemos que finalmente hay intereses económicos detrás de ellos”, dijo Rigoberto González, del Club Campestre.



Las multas o sanciones por los daños generados a este lugar considerado un pulmón generador de agua para la capital michoacana podrían ascender hasta los 5 millones de pesos por la violación a diversos reglamentos.

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