El abogado del “Chapo”, hizo declaraciones para implicar a políticos mexicanos y a su compadre en la entrega de “narcosobornos”.
Mientras son peras o son manzanas, el ex presidente Felipe Calderón y el presidente Enrique Peña Nieto, fueron sentados, públicamente, en el banquillo de los acusados, por el tristemente célebre Joaquín Guzmán Loera. El abogado del “Chapo”, hizo declaraciones para implicar a los políticos mexicanos en la entrega de “narcosobornos” y los pone en gran desventaja ante la opinión pública.
Calderón Hinojosa y Peña Nieto, en su calidad de ex funcionario el panista y Presidente en funciones el priista, seguramente esperaban esa reacción. Son riesgos calculados cuando se trata de temas relativos al crimen organizado. Felipe respondió mediante un tuit y Enrique mandó a su vocero para responder vía la misma red social.
Ni el mandatario, ni el ex presidente le dieron la mayor relevancia a las declaraciones: el vocero de Peña recordó que su gobierno lo capturó y extraditó a los Estados Unidos; Calderón negó haber recibido soborno alguno. Hasta ahora es la palabra de alias “Chapo” (a través de su representante legal Jeffrey Lichtman), contra lo difundido por Enrique y Felipe.
Pero pocos, incluso los especialistas en temas de seguridad, se han ocupado del tema como una evidente implicación de Ismael “Mayo” Zambada en el proceso contra Joaquín Guzmán. Las declaraciones del abogado Lichtman, representante y portavoz del “Chapo”, parecen más bien una ruptura entre los dos supuestos capos del narcotráfico.
Si se confirma la pelea entre “Mayo” Zambada y “Chapo” Guzmán, las autoridades mexicanas deben estar sumamente preocupadas, porque seguramente se avecina una guerra en Sinaloa y en las entidades donde la organización criminal tiene influencia, como Durango, Sonora, Nayarit, Jalisco y Chihuahua.
Hasta hace pocos días, se daba por hecho una alianza entre los hijos de Joaquín Guzmán e Ismael Zambada; pero los dicho por el abogado del “Chapo”, implica necesariamente una ruptura entre los dos presuntos líderes criminales más reconocidos por los gobierno de México y Estados Unidos.